alto comisionado contra la pobreza

ENCUENTRO PREVISTO CON EL ALTO COMISIONADO CONTRA LA POBREZA INFANTIL.

Hemos solicitado una entrevista para tratar los siguientes puntos

Sr. D. Pau Mari Kloxe;

ayer le comenté la situación irregular en la que se encuentran, desde al menos hace diez años, miles de niños y niñas a quienes se tutela por parte de las administraciones autonómicas, incumpliendo en muchos casos los convenios internacionales sobre derechos de la infancia.

En el año 2016 nuestra asociación, que aun estaba en trámite, entregó en la Comisión de Infancia y adolescencia del congreso un informe que le adjuntamos a este escrito en el que se señalaban los casos más "mediáticos" del momento. Ahora hemos añadido algunos más, según pasan los días y la declaraciones de "desamparo" van en aumento, sin que seamos escuchados por los diversos organismos a los que dirigimos nuestras quejas.

Adjuntamos tambien el informe que recoge en numero de tutelas de toda españa. Ya el hecho de que haya 43.000 niños y niñas tutelados es preocupante. Pero saber que la mayoria de esas tutelas son "ex lege" que nuestros abogados nos dicen que significa que se hacen sin pasar por un tribunal, realmente nos da una idea dramática de la situación.

Como le manifesté verbalmente me sorprendió que en ningún momento se hablase, en las jornadas de ayer, de este tema sangrante del elevado número de tutelas y que no se hiciera mención a que la mayoría de esas tutelas tienen detras el hambre y la miseria de muchas familias a las que se pone contra las cuerdas , con mil excusas , a las familias.

Le agradeceremos nos conceda una entrevista en la que podamos, exponerle la situación así como las críticas que nuestra asociación tiene con respecto a la Ley 8/2015 de defensa del menor.

Muy resumidas esas críticas se centran en el excesivo protagonismo que se concede a la llamada "autoridad competente" que son los servicios sociales de cada comunidad autónoma. En la práctica esa "autoridad competente" son muchas veces "trabajadores al servicio de las empresas que tienen adjudicado el servicio". No hace falta extenderse demasiado sobre el riesgo de delegar la tutela de un niño o niña en una persona que depende a su vez de una empresa que, digan lo que digan, se debe a su consejo de administracción y a sus accionistas que - con toda lógica - buscan el beneficio empresarial mas que el "interés superior del menor".

En espera de sus noticias les saluda atentamente,

Victoriano Fernandez Fernandez

ASOCIACION FAMILIAS PARA LA SOCIEDAD DEL SIGLO xxi

TUVIMOS LA ENTREVISTA . FUE MUY INTERESANTE COMPROBAR QUE AL MENOS HAY UN ORGANISMO DISPUESTO A ESCUCHAR. El comisionado nos pidio que le enviaramos al medidas que a juicio de la asociación no parezcan mas necesarias.

NUESTRA RESPUESTA ES LA SIGUIENTE:

ANTE LA TRAGEDIA DE LOS NIÑOS DE GODELLA ANTE EL ESCARNIO AL QUE SOMETEN A MARIA SEVILLA (PRESIDENTA DE INFANCIA LIBRE) El sistema de protección a la familia y a los niños no defendió en "interés superior del menor" Como no lo defiende en los 43.000 menores tutelados por las autonomías. Para evitar la repetición de casos como los citados ponemos en marcha una campaña resumida en esta idea: "SE DEBE APOYAR A LAS FAMILIAS BIOLOGICAS, NO RETIRARLES SUS HIJOS. AYUDARLES EN LO QUE NECESITAN PARA SER LA BASE NATURAL DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. UNA SOCIEDAD ESTABLE NECESITA FAMILIAS ESTABLES Y LOS NIÑOS Y NIÑAS NECESITAN A SUS FAMILIAS"

1.- Revisión por parte del Senado y el Congreso de la Ley 8/2015 hasta anular los artículos como 22.quarter y otros que son claramente anticonstitucionales. En esa revisión ha de prestarse especial interés a los aspectos que tienen relación con una educación general actualizada y en la que prevalezca en "interés superior del menor" siendo respetado y no "domesticado". En suma que se recomiende una psicopedagogía constructivista cooperativa en vez de la actual libresca sometida al imperio de las editoriales y alejada de la ciencia y la escucha del niño aprendiente. Esa educación ha de darse en la escuela, pública actuando en relación intensa con el resto de los elementos de la red de atención al menor, cuyo centro es la familia. En la revisión de esta ley es preciso mejorar los llamados "equipos psicosociales" y devolver la competencia a los tribunales de justicia retirando el término "autoridad competente" atribuido a las consejerías de la familia y la infancia. Nunca un desamparo podrá dictarse por las administraciones, siempre deberá intervenir un juez y la familia biológica debidamente asesorada

2.- Revisión de todos los protocolos denominados "expedientes de riesgo" que llevan a las declaraciones de DESAMPARO. Cumpliendo los mandatos de la CDN en el sentido de que la pobreza no puede ser causa del desamparo. Asegurando que en casos de falta de medios económicos de las familias se les ayude a salir de su situación de exclusión sin retirarles nunca a sus hijos por esa causa. Acortamiento de todos los plazos en los expedientes de riesgo, desamparo y cambios de custodia por cambio de circunstancias incorporando mecanismos que faciliten la justicia gratuita. Un asesor jurídico deberá acompañar siempre a las familias biológicas y los informes de parte de las familias, tendrán el mismo valor que los informes de la administración. Desde el principio las familias y sus letrados tendrán acceso al expediente completo y nunca se separará de sus familias a los menores mientras no dicte sentencia el juez.

3.- Uso de la figura "guarda voluntaria informada" cuando sea imprescindible separar a un niño de sus padres. Esa figura permite negociar el régimen de visitas impidiendo el desapego del niño o la niña con respecto a sus familias. Por supuesto durante la guarda voluntaria o en la hipótesis de acogimientos nunca romper el vínculo con la familia de origen. Poniendo en marcha protocolos que aseguren lo que se denomina "adopción abierta" cuando los casos sean tan graves que no sea posible el retorno con las familias biológicas.

4.- urgir a las autoridades de cada autonomía y al Estado la publicación de informes a) claridad en el número de custodias fuera de la familia de origen y número de niños y niñas que regresan al hogar. b) cifras exactas sobre el coste de los servicios de tutela y centros de menores, financiación de los concursos, y que parte de los fondos recibidos de Europa van a los niños y a los centros, o familias de acogida y que parte se queda en las propias administraciones, o beneficio empresarial.

5.- revertir en un periodo corto todos los servicios de infancia privatizados a los organismos públicos. La amalgama de empresas que tienen cedidos estos servicios unido a la ligereza con la que los servicios sociales diversos y desorganizados conceden permiso para retirar niños y niñas sin intervención de la justicia es una de las causas de estos desastres como el de Godella. Ya que las familias desconfían de esos servicios que pueden llevarse un niño o niña y no volverlo a ver nunca.

6.- poner en marcha un trabajo de coordinación entre los organismos y entidades que se denomina RED DE ATENCION AL MENOR: pediatras, psicólogos, profesores, fiscalías de menores y la propia familia. Sin esa coordinación siempre orientada a mantener los vínculos con los progenitores, atendiendo a la seguridad de niños, niñas y adolescentes, se producen efectos no deseados. Uno de los derechos humanos más profundos es el derecho a la propia identidad. El sistema de protección de la infancia en España en este momento no ejerce ese derecho con miles de niños y de niñas.

7.- Poner en marcha programas en autonomías , estado y municipios de un ocio creativo. El ocio creativo, con personal cualificado y miembros de las familias trabajando en red permite por un lado reforzar la autoestima de niños, niñas, adolescentes y familias y por otra parte detectar en el medio natural que surge de ese tipo de ocio los posibles defectos o carencias. Y plantear medidas preventivas que eviten luego las medias extremas de desamparo.

8.- Un cuerpo de monitores y educadores de calle, coordinado con los programas de ocio creativo y con los centros escolares ayudaría a recuperar a niños, niñas adolescentes y a cambiar el actual modelo de intervención social basado en la vigilancia y las retirada de tutelas por otro de cooperación entre los servicios sociales y las familias en el sentido extenso del termino familias.

9.- Creación de un organismo consultivo de infancia y adolescencia en el que tengan cabida las asociaciones de niños y jóvenes que han de ser promocionadas, junto a las Ampas, sindicatos de estudiantes jóvenes y otras entidades, evitando la burocratización actual de las llamadas empresas del 4º sector