En el País Vasco, se pagaba a la entidad gestora CLECE -de servicios de limpieza-, de Florentino Pérez a razón de 256 euros al día por plaza

Los fondos proceden en un 70% de la CEE. Es dinero público para atender el bienestar del menor que el Estado deja en manos privadas

La acogida de menores es una fuente de ingresos

La retirada de sus bebés a Mauricia -la segunda mujer de más edad en dar a luz en España, a los 64 años-, por parte de la Junta de Castilla León, podría incluirse en un vago apartado de la ley para evitar a los bebés "cierto riesgo" o porque las condiciones y entorno familiares no sean las idóneas. En realidad, la ley deja claro que la acogida en centros debe ser el último recurso porque antes hay que intentar que se queden con la familia, incluyendo la extensa.

Sin embargo, las reclamaciones por retirada de menores sin aparente causa justificada, más allá de su pobreza, y lo que se deriva de ella, se están sucediendo. "Las denuncias para su retirada pueden ser muy variadas -señala la abogada especialista Elena Rábade- y proceder de un vecino, un familiar, el cónyuge que tras violencia de género no ha obtenido la custodia y quiere fastidiar... Ante esto, intervienen los Servicios Sociales, que hacen un examen, supuestamente de la entidad familiar extensa. Intervienen un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social. Las causas que prevé la ley para la retirada del menor son muy graves, pero esta misma ley, concluye con un apartado H, ambiguo, que habla de cualquier otro motivo que traiga consigo grave perjuicio para la estabilidad física y psíquica del menor".

Los más de 21.000 menores que viven en residencias suponen una fuente de ingresos

¿Cómo se miden estos motivos? ¿Qué control hay? "Esto está dando ocasión a que se retiren menores por motivos económicos, algo que la ley prohíbe. Es una forma de criminalizar la pobreza. ¿Se imaginan que esos 4.000 euros mes se los dieran a la familia?". La pobreza no es el caso de Mauricia, que tiene recursos de sobra, pero la acogida de sus gemelos, podría ser una fuente de ingresos, como de hecho lo son los más de 21.000 menores que viven en residencias.

¿Quiénes reciben 4.000 y 9.000 euros al mes de dinero público por cada menor?

Las entidades concertadas por la Administración pública, a través de las comunidades autónomas, reciben por cada menor 4.000 euros al mes, que pueden llegar a convertirse en 9.000 si el menor está medicalizado. Desde el año 2.000, ha ido creciendo el número de residencias de acogida de menores, que atienden a niños y niñas en situaciones de riesgo. En concreto, entre 2001 y el 2003, se abrieron el 50% del total de residencias. Aunque la mayor parte estaba en manos de formaciones religiosas, ahora toman la delantera empresas de otros sectores, como constructoras o servicios de limpieza, tradicionalmente ajenos a la infancia, que gestionan tanto centros de acogida como puntos de encuentro familiares.

Las entidades concertadas por la Administración, a través de las CC.AA, reciben por cada menor 4.000 euros al mes, 9.000 si el menor está medicalizado

El primer documento oficial que existe recogiendo la dotación pública por menor y mes en cada comunidad, es el informe del Defensor del Pueblo de 2009. En él, puede verse que la cifra media en esa época, era de 3.800 euros, oscilando según el lugar. En el País Vasco, se pagaba a la entidad gestora CLECE, de Florentino Pérez (conocida por servicios de limpieza) a razón de 256 euros al día por plaza, en Castilla la Mancha se llegaba a 230 euros, Castilla León oscilaba entre los 75 y los 350 euros, esta última en el Centro Zambrana, de la propia Junta, con lo que la media anual que obtuvo este estudio, era de 46.358,65 euros por menor. De los 58 centros que se estudiaron, solo tres eran públicos y actualmente la cantidad media es de 4.000 euros por plaza y mes. Según el último boletín del Observatorio de la Infancia, en 2014 había 20.904 menores tutelados.

¿Quién controla cómo se ha gastado el dinero?

Los fondos proceden en un 70% de la Comunidad Económica Europea. Es dinero público para atender el bienestar del menor que el Estado deja en manos privadas. "Las actuaciones se pueden vigilar a través del Ministerio Fiscal", sigue Elena Rábade, "pero a este ministerio solo le llegan parcialmente los informes de los servicios sociales y le llegan tarde. Hasta que lo examinan y resuelven, pueden pasar de uno a tres años y encontramos que los menores a veces han estado en un centro injustificadamente, con lo que eso supone ".

Pero en cuanto a cómo se usa el dinero, "Según mis datos -señala Rábade- la dotación media actual es de 68.000 euros al año, por cada ingreso nuevo de menor. Hay una denuncia a la Comunidad Económica Europea, para que averigüe de qué forma se están utilizando sus aportaciones, porque existen quejas de mala atención o alimentación en algunos centros. Se está investigando a través de la Oficina Antifraude de la Unión Europea". Mientras tanto, la acogida sigue en manos de fundaciones, detrás de las que se pueden encontrar empresas de limpieza o construcción y, claro está, formaciones religiosas.ntroduce un texto aquí...

IRREGULARIDADES Y VULNERACIONES

CONTRA FAMILIAS Y NIÑOS

POR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MENOR

EN COMUNIDAD DE MADRID

Son ya demasiadas las evidencias documentales y los testimonios sobre las permanentes, y muy graves, vulneraciones de derechos fundamentales que a continuación se describen; todas susceptibles de responsabilidad penal. Se trata de vulneraciones que, cada día, se repiten en los Centros de Atención a la Infancia (en adelante, CAI), contratados por el Ayuntamiento de Madrid y por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Los 12 CAI de Madrid están adjudicados a la empresa de tutelas GRUPO 5 Acción y Gestión, que durante estas semanas soporta una huelga indefinida de sus trabajadores debido a las irregularidades que comete contra ellos. Mucho se habla de sus vulneraciones en lo laboral, y muy poco de sus prácticas que vulneran derechos fundamentales de familias, en connivencia con la Comisión de Tutela, órgano autónomico del Servicio de Protección de Menores de la consejería de Familia, Juventud y Política Social de Madrid. En el resto de CCAA se encargan las gerencias territoriales de Servicios Sociales y las Direcciones Generales de Familia e Infancia. Dentro del Ayuntamiento de Madrid, tales abusos no son reconocidos por la directora general de Familias, Infancia, Educación y Juventud.

• No existe apenas ningún tipo de rendición de cuentas ni se publican quiénes son los funcionarios que viven de retirar hijos a las familias madrileñas, ni por distritos ni por localidades. Por otro lado, resulta imposible desde fuera de la Administración autonómica verificar si los fondos europeos que deberían ir destinados a las familias y a niños en situación de vulnerabilidad están llegando a los mismos, al pasar primero por la criba y los planes de negocio de ciertas fundaciones, supuestas ONG y asociaciones con demasiado ánimo de lucro no declarado, así como de empresas del Tercer Sector. La Plataforma del Tercer Sector en Madrid es un claro ejemplo al que habría que esclarecer cómo accede a las adjudicaciones, así como las plataformas de Tercer Sector correspondientes al resto de Comunidades Autónomas. Es urgente esclarecer si las habituales maniobras de estas entidades que se lucran de forma desmedida a través de las tutelas forzadas desde los Servicios Sociales, constituyen presuntos delitos de fraude y malversación de fondos públicos. Su discurso sobre la "protección de las personas vulnerables" es un marketing falaz y encubridor de sus abusos.
• Asimismo, tampoco se proporciona información detallada sobre los beneficios, prácticas y deficiencias de las empresas que tienen externalizada la atención a la infancia y a las familias. Algunas de estas empresas vienen listadas en el VI Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid (2020-23).
• Cada vez que la Comisión de Tutela cita a padres y madres, lo hace ocultando el nombre y apellidos del técnico que se encarga de la citación y de cada expediente. De esa manera, las familias no pueden defenderse contra el técnico ni el resto de trabajadores sociales que lleven su caso. Esto es un grave incumplimiento de la ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación para los funcionarios de identificarse al completo, como forma de responsabilizarse de las gestiones en las que participan.
• La anterior citada ley establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir sus citaciones en soporte escrito, además del electrónico. Es diaria la ausencia de soportes escritos en las citaciones de los Centros de Atención a la Infancia, que no dejan constancia firmada de la asistencia de los llamados a las mismas, quedando estos indefensos para probar su asistencia. El mismo tipo de irregularidad se comete en las empresas y organismos que gestionan los acogimientos y las visitas, cruelmente supervisadas (las visitas se interrumpen si hablan en su idioma materno o si los niños se quejan del trato recibido, o si los padres explican la verdad de lo que están sufriendo), de la familia biológica a sus hijos: a los padres y madres se les cita con una llamada telefónica, a sabiendas de estar incumpliendo la ley 26/2015 y su modificación del artículo del Código Civil 172 ter, punto 2:

"Se buscará siempre el interés del menor y se priorizará, cuando no sea contrario a ese interés, su reintegración en la propia familia y que la guarda de hermanos se confíe a una misma institución o persona para que permanezcan unidos. La situación del menor en relación con su familia de origen, tanto en lo que se refiere a su guarda como al régimen de visitas y otras formas de comunicación será revisada, al menos cada seis meses."

4.1. Una de las empresas que gestionan los acogimientos en Comunidad de Madrid es Trama.org. En conjunción con Comisión de Tutela, Trama separa habitualmente a los hermanos en distintas familias de acogida, de la misma forma que en los centros de menores, los hermanos son separados en pabellones o instalaciones distintas, con prohibición expresa por parte de los directores de los centros de que no se atrevan a relacionarse. Evidentemente, de todo esto no se deja ninguna documentación: sólo la policía y la Fiscalía en sus entrevistas a niños podrían detectarlo y documentarlo, teniendo en cuenta los testimonios de madres y padres. O directamente, los hermanos son destinados a distintos centros de menores. Esto multiplica su sufrimiento e indefensión. Cuando los padres van a las visitas, es habitual que reciban toda clase de desprecios, chantajes, calumnias y coacciones por parte de los educadores, los trabajadores sociales, los psicólogos y los directores de los centros que, entre todos, separan a numerosos hermanos de por vida en España.

4.2. Es urgente analizar las responsabilidades de este tipo de gestiones y depurar las que se hayan dado desde la coordinación de Centros de Protección. Recientemente quedó públicamente se hizo público el Caso Sana, donde la policía detectó prostitución de menores tuteladas en centros de la Comunidad de Madrid que tienen que dar muchas explicaciones. Las menores prostituidas eran obligadas a residir en los centros de Hortaleza (gestión de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales) y en el tristemente conocido centro Picón del Jarama, cuya gestión está externalizada a la empresa Grupo Norte, y del cual las asociaciones de familia han venido avisando sobre las graves vulneraciones allí cometidas. La propiedad de las empresas implicadas se oculta a cuantas personas intentan averiguarla. Es demasiado fácil para grupos de presión financiera y sectas religiosas en nuestro país cambiar cada cierto tiempo los nombres de sus empresas, incluso ir cerrándolas conforme las abren nuevas para seguir con el mismo negocio heredado del franquismo.

4.3. Siguiendo con los incumplimientos, no se dan a las familias que sufren el arrancamiento de sus hijos documentos que aclaran un régimen de visitas cuando sus hijos están en acogimiento familiar o residencial, pudiendo pasar meses y meses sin verlos. Claramente, se obstaculiza al máximo la reintegración familiar en beneficio de las empresas, públicas y privadas, del llamado "acogimiento", todo un eufemismo para hablar de los arrancamientos de hijos.

4.4. Más incumplimientos del artículo 172 ter del Código Civil: la situación de los menores no se revisa por la Entidad Pública ni cada seis meses ni cada año. Sencillamente, no se revisa hasta la mayoría de edad de los hijos tutelados, a no ser que la familia verdadera, la biológica, gane el caso en los tribunales. Estamos ante una gravísima inacción de la Fiscalía de Menores, una absoluta dejadez de los casos en que los fiscales de protección de menores no obran con la debida diligencia. La inspección individualizada y personalizada de cada niño entrevistado fuera de la injerencia del director del centro de menores o del director de la empresa de acogimientos, NO SE PRODUCE. Es habitual que los niños reciban amenazas y presiones si se atreven a declarar contra la empresa de tutelas.

5. En las entrevistas a familias, los CAI y otros trabajadores sociales de otras empresas u oficinas de Servicios Sociales, no respetan las garantías de defensa de todo ciudadano:

• Se prohíbe la toma de acta de la reunión.
• Se prohíbe que las personas vayan acompañadas, ni de otros individuos de su confianza, ni de abogados.
• Se les requisa el teléfono móvil para que no puedan grabar las entrevistas bajo la amenaza de que "son la Administración y pueden proceder como estimen".
• Cuando padres y madres solicitan copia de los informes que esos trabajadores sociales, educadores o psicólogos sociales emiten sobre ellos, se les niegan: "El CAI no da informes a particulares, solo los damos a Comisión de Tutela o al juez..." Es un incumplimiento descarado de la ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece el derecho de todo ciudadano a tener copia de sus expedientes y documentos de la Administración.
• Los técnicos rehúsan identificarse con sus dos apellidos, amenazando si son requeridos para ello.

En estas entrevistas se produce maltrato institucional: las familias soportan coacciones, amenazas, chantajes, son obligadas a aceptar calumnias y falsedades como condición para recuperar a sus hijos, son "psiquiatrizadas" cuando en realidad disponen de informes de la Seguridad Social acreditando su salud psíquica.

6. No se realizan Planes de Mejora Familiar, necesarios para justificar y trabajar la vuelta de los hijos arrancados a sus familias. Los propios abogados certifican que esto casi nunca se cumple. Las entrevistas en los CAI o en las oficinas de Servicios Sociales son usadas exclusivamente para investigar a las familias, pero no para su mejora. A las familias no se les entregan dichos planes, Comisión de Tutela tampoco los exige. Fiscalía de Menores tampoco los exige. Los jueces tampoco los exigen.

7. Las retiradas de recién nacidos se dan en todos los hospitales públicos de todas las Comunidades Autónomas. Las propias trabajadoras sociales sanitarias se encargan de ello personalmente. No dejan a las madres que acaban de parir a sus hijos tenerlos en sus brazos ni un segundo. Los directores de hospitales se lavan las manos, así como los responsables de las consejerías de Sanidad y sus coordinadores territoriales. Las madres objeto de la injerencia de Servicios Sociales no tienen ninguna protección en los hospitales en un momento tan vital como el del parto. Incluso se traspasan informes de las mismas de una Comunidad a otra aprovechando el artículo 22.quater de la ley 26/2015.

7.1. No solo se retiran hijos recién nacidos, se retiran niños y adolescentes de toda edad en nuestros hospitales, con denuncias falsas y contrariando los informes médicos positivos hacia el buen trato que la familia dispensa a sus hijos, así como los relativos al buen estado de salud de los mismos. Los propios médicos y facultativos quedan perplejos ante las retiradas. Además, se quejan de que las trabajadoras sociales sanitarias disfrutan de un acceso a historiales médicos y de todo tipo mayores que los de los propios médicos. Estas retiradas se efectúan traicioneramente aprovechando un descanso de los padres, su comparecencia en un despacho, o delante del mismo personal médico y de los padres. Imaginen la desesperación de los hijos así arrancados.

8. Muchas madres después de sus partos sufren el acoso de los CAI u otros Servicios Sociales centrados en Infancia. Se inicia un proceso de investigación forzada, sin su consentimiento, soportando toda clase de amenazas, desprecios y coacciones.

Si no han encontrado suficientes excusas para la retirada de los hijos en sus primeros años, la fiscalización hacia estas madres continúa durante los años de la Educación Infantil y Primaria de los niños, hasta encontrar una ocasión que les parezca propicia, por más que legalmente sea insuficiente. De nuevo, el abuso de la presunción de veracidad y de su autoridad pública, vulnerando la elemental presunción de inocencia de las madres y de los padres en todo estado de derecho.

9. En casos de padres y madres solteros, divorciados o viudos, Servicios Sociales también ejecuta retiradas injustificadas, alegando "falta de apoyo familiar" y afirmando falsamente que "carecen de habilidades parentales" cuando no lo demuestran fácticamente, sino que solo hay afirmaciones subjetivas de los técnicos escritas en sus informes. Si tales padres tuvieran esos problemas, la obligación de Servicios Sociales en los CAI es proporcionar apoyo. Lo contrario es maltrato institucional. Aquí no solo se obvia, sino que se pervierte, el Artículo 39 de la Constitución Española que obliga a ayudar a las familias jurídica y económicamente, mientras que lo que se está haciendo es robar niños de forma institucionalizada.

Frecuentemente, tras unos meses de investigación y de "entrevistas-encerrona", el proceso se salda con la retirada de los hijos. A partir de ahí, es casi imposible volver a recuperarlos. Entre otras causas, porque Entidad Pública y directores de los centros de menores, como tutores legales de los niños, casi nunca están dispuestos a informar de forma favorable al derecho del niño a estar en su familia.

10. Incumplimiento de sentencias e injerencia en decisiones judiciales ya firmes: Cuando en los juzgados de Familia se ha dirimido la custodia de los hijos hacia un cónyuge, ocurre que a los pocos días desde los Servicios Sociales se dicte resolución de desamparo sobre los hijos, incumpliendo la sentencia del juez, y quitando los hijos a ambos cónyuges. Lo habitual es que los jueces se laven las manos con mentalidad funcionarial, delegando en los Servicios Sociales a pesar de que éstos contradigan e incumplan sus propias sentencias.

Asimismo, Servicios Sociales incumple las sentencias que dictan la liberación de los hijos arrancados, retrasando una y otra vez su vuelta a la familia, presentando informes falsos, recurriendo una y otra vez en aprovechamiento de su presunción de veracidad, reteniendo a los hijos a no ser que se presente la Policía para sacarlos físicamente del centro de menores o de la familia de acogida.

11. Revictimización de las mujeres que sufren violencia de género: frecuentemente los CAI las culpan de no proteger de la violencia a los niños, neutralizan e ignoran sus denuncias, les cuelgan sambenitos de obstruccionistas a mujeres a las que atribuyen síndrome de Munchaussen sin demostrar, así como el inexistente SAP, aunque quienes sufran la obstrucción sean ellas. A menudo el CAI o los Equipos Psicosociales se convierten en el brazo institucional que ejerce la violencia vicaria que desea el maltratador. En sus informes condicionan de forma casi irreversible el veredicto del juez, plasmando prejuicios y estigmas insuficientemente probados. Habitualmente encontramos que se hacen pasar muchas pruebas a las madres, mientras que no se aplican igual al maltratador o les basta su aparente simpatía en las entrevistas. Se fuerza a las madres a ir solas, pero el maltratador puede ir acompañado. Se da un porcentaje mayoritario de mujeres que lo sufren, aunque también hay hombres en esta situación. Madres y padres protectores sufren la pérdida de custodia de sus hijos, el incumplimiento de las visitas y de las videollamadas. Los profesionales de los CAI de GRUPO 5, de ciertas oficinas del Ayuntamiento y de muchos equipos psicosociales carecen de formación en violencia de género, orientación o terapia familiar.

12. Asimismo, cometen intrusismo profesional psiquiatrizando a las personas en sus informes, sin ser psiquiatras ni psicólogos clínicos, contradicen descaradamente los informes de quienes sí son profesionales.

13. Se abusa del artículo 22.4 de la ley 26/2015, que legisla descaradamente que "se recabarán datos sin el conocimiento del interesado" cuando la Entidad Pública lo estime necesario. Esto es contrario a los derechos legislados en la Ley de Protección de Datos, en la ley de Procedimiento Administrativo Común así como a los derechos constitucionales. Tal artículo es inconstitucional.

14. Se abusa de los artículos del Código Civil que justifican la retirada de todos los hijos con que solo se dé la retirada de un primer hijo. Esto es algo sangrante, tanto con familias de pocos hijos como con las familias numerosas.

15. Falsedad en los informes: en la redacción de los mismos encontramos subjetividad, falta de pruebas, fraude, falsos testimonios, intrusismo profesional, prejuicios, falsas acusaciones y calumnias. Mientras que por otro, retienen ilícitamente documentación legal que corresponde a las familias, como informes, carnet de familia numerosa, reconocimientos que les harían disfrutar de prestaciones sociales, DNI, partidas de nacimiento para impedirles demostrar la filiación, números de Seguridad Social o tarjetas de asistencia sanitaria.

16. En Comunidad de Madrid, muchas retiradas se producen en los colegios, a media mañana, sin dar a los padres posibilidad de despedirse de sus hijos. Pasarán semanas o meses hasta que los vuelvan a ver, vigilados en una sala sin poder contarse lo ocurrido bajo amenaza de anulación de las visitas. Los docentes describen que llega un coche perteneciente al Servicio de Protección del Menor, de calle Manuel de Falla, 7 (Madrid). Los técnicos llegan con agentes de seguridad o policía y sacan al niño de clase engañándolo, con permisividad por parte de la Dirección de los centros educativos, sean escuelas infantiles, centros de Educación Infantil y Primaria o Institutos de Enseñanza Secundaria.

Para más información sobre este proceso en los centros educativos:

https://diario16.com/la-tutela-de-menores-en-la-comunidad-de-madrid-es-puro-negocio-disfrazado-del-eufemismo-de-la-proteccion/

17. Pobre o nula protección a las víctimas de abuso sexual infantil (ASI): tanto Comunidad de Madrid, Trama.org como GRUPO 5, encargados supuestamente de velar por la infancia (la segunda en el CIASI y el tercero con los CAI), ignoran en bastantes ocasiones las denuncias de abuso sexual, volviendo a materializar la denuncia que ya la UE puso a España por sus deficiencias en la evaluación del ASI, y su posterior protección y tratamiento por organismos públicos (incluyendo la DIRECTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos), ya recogida en la ley 8/2021 LO de Protección Integral de la Infancia frente a la Violencia.

18. Las retiradas de hijos abusivas, sin avisar ni notificar, usando la irrupción violenta de Policía en los domicilios, ocurren también contra niños y familias extranjeros, tanto comunitarios como no comunitarios, con refugiados ucranianos, que tienen su residencia temporalmente en Comunidad de Madrid. En estos casos, se incumple la ratificación de España a los convenios internacionales reseñados en el preámbulo de la ley 26/2015. De nuevo, la consejería de Familias de Madrid comete abusos en su tutela.

19. Se da la gran contradicción de que en los centros de menores, llamados "centros de protección" o "centros de acogida", lo que más falla es precisamente la protección de los niños, como muy bien demuestran la operación policial Sana en Vallecas, los testimonios de educadores valientes trabajando en ellos y tantos artículos periodísticos: abusos sexuales en estos centros, laxitud a la de controlar que caen en la droga, forzados a tomar medicación psiquiátrica dañina e innecesaria para que sean fácilmente controlables, el aislamiento respecto a familia y amigos... En definitiva, una total falta de estimulación para su desarrollo.

20. Parcialidad y ausencia de garantías judiciales: En las retiradas de hijos, una única entidad denuncia, investiga, instruye, ejecuta y castiga: Servicios Sociales con su Comisión de Tutela. La figura del juez es excluida por ley para quitar hijos. Cualquier criminal tiene derecho a un juicio con un juez antes de ser juzgado, LOS NIÑOS EN ESPAÑA NO. Son encerrados en centros de menores sin garantía judicial.

A fin de que tales vulneraciones no se sigan produciendo como un fruto más de la nueva ley de Infancia y familias de la CAM y la nueva ley de Servicios Sociales (proyectos de ley que prolongan y retuercen los abusos de leyes anteriores sin derogarlas, incumplimientos descarados de la Convención de Derechos del Niño y de más derechos constitucionales),

la asociación Familias para la sociedad del siglo xxi, reclama que se abra urgentemente el debate parlamentario escuchando previamente a los colectivos implicados en la defensa de los menores arrancados y de sus familias rotas, que las autoridades intervengan en vez de encubrir las prácticas descritas, cuando no las propician, que los fiscales cumplan su cometido de una vez, que los medios hegemónicos de comunicación dejen de desviar la atención hacia los casos flagrantes de maltrato familiar frente a la gran mayoría de robos institucionalizados de menores para mantener el negocio a costa de su dolor, y que la sociedad en su conjunto reaccione porque esta infamia es la más dañina de cuantas se perpetran actualmente en España, y está organizada desde dentro de las instituciones que tendrían que estar ayudando a las familias en vez de destruirlas para el lucro a su costa, y para colmo desarraigando y adoctrinando a sus niños.

Frente a la solución que ahora quieren imponer que consiste en cerrar deprisa centros de menores para favorecer las "adopciones expres" defendemos un reforma integral, en la que los trabajadores y trabajadoras de esos centros pasen a hacer trabajo de apoyo a las familias biológicas .

Además de ese trabajo de apoyo a las familias que lo necesiten en el terreno emocional y social pensamos que es imprescindible desarrollar el artículo 39 de la constitución en el siguiente sentido:

Renta básica Universal .- desde el nacimiento de cada persona. Esa renta básica universal se reordenaría mediante el IRPF, de manera que quienes ganen más paguen más y quienes solo disponen de la RBU puedan vivir de ella, sin burocracias como ahora.

Reparto del trabajo de manera que la jornada se reduzca hasta donde sea preciso y todos tengamos asegurado un puesto de trabajo digno con salario superior a la RBU.

Reordenación del modelo económico de manera que las empresas sean democráticas con representación de los trabajadores en los consejos de administración y tendencia a la propiedad colectiva de las empresas.

Escuela publica y laica.- con una metodología de aprendizaje por descubrimiento guiado que favorezca la cooresponsabilidad de cada ciudadano en todos los órdenes de la vida, pero especialmente en la vida familiar.

https://www.publico.es/sociedad/menores-tutelados-familias-menores-tutelados-denuncian-fallos-sistema-acogimiento-afirman-vivir-inquisicion-institucional.html

Familias de menores tutelados denuncian fallos en el sistema de acogimiento y afirman vivir una "Inquisición institucional"

Reclaman que se creen en las distintas comunidades autónomas un "pacto por la familia y la infancia" que revise las leyes de protección hacia los menores y que las retiradas de tutelas no se hagan a margen de la justicia.

Vestidos con petos tachados con cruces y capirotes blancos, familiares de menores tutelados y organizaciones que los apoyan, se manifestarán este sábado por las calles de Madrid y Mallorca. Con este gesto quieren denunciar "los graves desajustes" del sistema de retirada de tutelas de menores y piden la creación en cada comunidad autónoma de un "pacto por la familia y la infancia", en el que participen todas las fuerzas políticas y en el que se de voz a expertos y asociaciones que llevan años denunciando el mal funcionamiento del sistema.

En un comunicado explican que los casos conocidos en Baleares, Valencia, Madrid y otras ciudades en los que numerosas niñas acogidas por el Estado han sido captadas y explotadas sexualmente por redes de prostitución y tráfico de drogas "demuestra que las denuncias puestas por cientos de familiares respecto a que la red completa de atención a la familia tiene graves desajustes y carencias, son justificadas".

Entre los principales "fallos" resaltan que estas retiradas de tutelas de menores a las familias por casos de desamparo, se realizan sin garantías y por funcionarios de los servicios sociales sin la participación del un juez. Que en muchos casos estos desamparos no son justificados y que los profesionales que los activan en muchas ocasiones no tienen la formación necesaria. Una vez que los niños son retirados de sus familias y tutelados por el Estado, la única vía para recuperarlos es iniciar un proceso judicial que suele ser largos y que en la mayoría de los casos los menores nunca vuelven al entorno familiar.

Desprotección de menores tutelados en Madrid al atenderles la mitad de personal por bajas laborales

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en 2020 tan sólo 11 de cada 100 niños tutelados por la administración regresaron con su familia de origen, un porcentaje similar a lo que ocurre año a año. Del resto aproximadamente la mitad viven en familias de acogida y la otra mitad de centros.

Las organizaciones convocantes no niegan que existan casos extremos en los que los menores tengan que ser protegidos y apartados de sus familias biológicas, pero afirman que el número de menores tutelados en nuestro país es extremadamente alto (lo cifran en 50.000) y las decisiones de retirada de la custodia son en muchos casos "aleatorias y no comunicadas previamente a las familias. Hay un exceso de niños tutelados. Si existiera una red de apoyo a las familias desde que nacen los niños, la mayoría de los casos se solucionarían sin necesidad de arrancar a los menores de su entorno familiar", afirma a Público Victoriano Fernández, presidente de la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI, una de las organizaciones convocantes.

Necesidad de revisar las leyes

El pacto por la familia y la infancia que reclaman, debería revisar y analizar las leyes de protección a la infancia y la adolescencia que se han ido aprobando en entre 1987 y la actualidad, incluida la ley contra la violencia en la infancia aprobada por el Parlamento en junio pasado, afirman en el comunicado. "Todas ellas dan poderes casi ilimitados a los funcionarios de los servicios sociales, hasta el punto de convertirlos en inquisidores", afirma Fernández. Y añade que incluso la recién aprobada ley contra la violencia en la infancia le concede a esta figura la condición de agentes de la autoridad, una medida que ha sido muy criticada por diversos expertos por considerar que incurre en arbitrariedades y da inseguridad jurídica a las familias.

La mitad de los 35.000 menores tutelados por el Estado viven en centros y sin la supervisión adecuada

Denuncian que en muchas ocasiones los servicios sociales reciben avisos de colegios u hospitales y que a raíz de de éstos los servicios sociales investigan a las familias sin que estas tengan conocimiento, y que pueden decretar los desamparos y las retiradas de custodia sin haber hablado con con las familias.

"¿Qué pensaríais de un sistema en el que te meten en la cárcel por un hecho que desconoces, te interrogan sin presencia de tu abogado, te acusan con vaguedades y no tienes un juez que investigue tu causa en un juicio justo en el que puedas presentar tus pruebas, y directamente quienes te han detenido deciden que debes entrar en prisión? Pues ese sistema existe puesto que la ley lo permite en el caso de los menores. Es la vía administrativa la que opera. El legislador da atribuciones a la administración para agilizar el procedimiento y son los Servicios Sociales los que se llevan a los menores y adolescentes con argumentos tales como que 'la familia no tiene integridad moral'", afirma el comunicado.

Denuncian un negocio millonario

Desde las organizaciones denuncian la privatización de los servicios de atención a la infancia y de la práctica totalidad del sistema de protección a menores, que supone un negocio que mueve millones de euros. "El 80% de los servicios que intervienen en el sistema de protección de menores y que intervienen en los procesos de desamparo y acogimiento institucional se han privatizado. Desde los CAI [Centros de Atención a la Infancia], que son los que elaboran los informes, hasta los centros de acogida. Las fundaciones y empresas que los gestionan se presentan a una licitación por el contrato y la administración suele concederlos al mejor postor. Es decir, a quien ofrezca la cuantía más baja. Por cada menor tutelado, el centro recibe de una media de 4.000 euros por niño y mes", añade Fernández

Las menores tuteladas en centros de acogida, desamparadas ante mafias de la prostitución por falta de voluntad política

"En diversos medios de comunicación han ido apareciendo noticias sobre los abusos, inducciones a las drogas y la captación de niñas por parte de redes de la prostitución mientras éstas estaban bajo la custodia de la Estado. Sin embargo nadie quita las tutelas a la administración que desampara a los menores. Esto ocurre para que las organizaciones consagradas por la oficialidad se enriquezcan a su costa, recibiendo cantidades mensuales por casa niño. Si esas cantidades se las hubieran destinado a sus verdaderas familias, les hubieran permitido tener medios para vivir mejor", afirman las organizaciones convocantes de las manifestaciones.

Entre las reivindicaciones, los organizadores de las marchas reclaman que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados en Madrid, Valencia y Baleares donde se ha vulnerado los derechos fundamentales de los menores tutelados.

También exigen el cese inmediato de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección de la infancia en los territorios en los que haya evidencia de graves negligencias. Por último piden que se convoque una amplia reunión en la que acudan las organizaciones convocantes de las marchas expertos en derecho, psicología, pedagogía y asuntos sociales para hacer propuestas de mejora.